Un 26 de julio de 2017, Johana Ramallo salió de la casa que compartía con su mamá Marta por última vez. Ese día, las cámaras de seguridad de una estación de servicio situada en 1 y 63 – una de las “zonas rojas” de la Plata – la ubicaron en los baños de la misma a las 20:30 horas. A partir de las 22hs ya no volvería a vérsela con vida.

Marta Ramallo denunció la desaparición de su hija, pero a partir de ese momento comenzaría un largo camino de impunidad, amenazas e intimidaciones. La causa estuvo meses caratulada como “búsqueda de paradero», cuando en este tipo de delitos de trata de personas estos primeros momentos son claves para la investigación. La policía nunca tuvo un buen accionar en el tratamiento del caso. Esta institución mostró su lado más machista y violento desde el inicio, ya que ante la denuncia de Marta su respuesta fue la tristemente repetida frase “se fue con un macho”. Por este motivo, la madre desde un principio intuyó que se trataba de un secuestro por parte de una red de trata con complicidad policial. El vaivén judicial se prolongó sin demasiadas respuestas, pasando por cuatro jueces distintos, con cuerpos y cuerpos de un expediente que fue llevado sin demasiadas intenciones de que se esclarezca por parte de la justicia. Hace un mes la causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y se busca con ello encausar la investigación como “femicidio en contexto de crimen organizado”.

El corolario de la desaparición fue agosto de 2018, cuando encontraron parte de sus restos descuartizados en Palo Blanco. Otra vez la ¿ineficacia? judicial: los miembros se hallaron en dos momentos distintos y permanecieron a cargo de fiscalías distintas, sin darle ningún tipo de conexión con la investigación por Johana. Esto demoró el reconocimiento, la realización de un perfil genético (búsqueda de identidad por ADN) y más que nada, la posibilidad de obtener otras evidencias mediante rastrillajes. Los peritajes realizados estimaron que fue asesinada entre septiembre de 2017 y enero de 2018. Pero aún así, estos restos recién pudieron ser reconocidos ocho meses después.

Johana tenía seis hermanos, una hija y 23 años cuando su vida fue arrebatada. Trabajaba como parte del programa “Ellas hacen”, pero cuando esto se terminó tuvo que recurrir a la prostitución. Johana era joven, era mujer, era pobre. Johana fue vulnerada tantísimas veces por este sistema patriarcal y capitalista, como así también su familia que fue violentada por parte del Estado. Ese mismo Estado para el que personas como Johana, como tantas pibas y pibxs no significan ninguna prioridad. La casa de Marta Ramallo fue tiroteada -sin culpables aún para la siempre aletargada justicia- y después sufrió un incendio.

Hace algunas semanas, el juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó la detención de Carlos «Cabezón» Rodríguez, acusado de «comercialización y distribución de estupefacientes y facilitación de la prostitución» en La Plata, y detenido en el marco de la causa en la que se investigan la desaparición y el femicidio de Johana.

La lucha constante de Marta acompañada de distintas organizaciones y agrupaciones feministas fue y sigue siendo la que sostiene el reclamo cada vez más vigente hoy: la cara de Johana está presente en todas las movilizaciones a lo largo y ancho del territorio, exigiendo el desmantelamiento inmediato de todas las redes de trata y una vida digna y libre de violencia para todas las mujeres y disidencias sexogéneropolíticas.

¡BASTA DE IMPUNIDAD! El Estado es responsable. Justicia por Johana y por todas las desaparecidas por las redes de trata.