Por Camilo Napalpí

La salida intempestiva de Guzman es la expresión más cabal de la crítica situación económica actual y de la profunda crisis política que atraviesa la coalición gobernante. La acelerada descomposición de los principales indicadores de la economía (reservas de divisas, inflación, importaciones, caída del poder adquisitivo) forzó una salida dramática del ministro protegido del Presidente Alberto Fernández. Mientras, el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se va deteriorando y hoy el gobierno debería realizar un ajuste importante del gasto público para cumplirlo, lo que daría poco margen para recomponer los ingresos de las amplias mayorías que, según el Indec, apenas logran superar en promedio el salario mínimo. Esto restringe drásticamente el margen de maniobra ante la crisis para la nueva ministra de Economía Silvina Batakis, una economista de larga trayectoria como funcionaria cuya principal referencia es su paso como ministra de Hacienda de la Gobernación bonaerense durante la administración de Daniel Scioli. En las últimas horas fue la propia directora del FMI Kristalina Georgieva quién salió a afirmar públicamente que la flamante ministra se había comprometido “con los objetivos del programa y a trabajar constructivamente con el Fondo para lograr estos objetivos”. A la vez, sostuvo que era necesario tener claro que “a veces son necesarias acciones dolorosas para cosechar los beneficios de estas acciones”. Nada nuevo bajo el sol para un FMI que supuestamente había cambiado. Otra vez la exigencia de los sacrificios presentes para obtener beneficios en un futuro que nunca llega. En esa línea, Batakis confirmó este lunes 11 de julio la política que llevará adelante su cartera, ratificando la intención de continuar con el programa del FMI, avanzando con el ajuste fiscal y la reducción de subsidios energéticos. No sólo no hay un cambio de sentido respecto de su antecesor sino que se avizora un ajuste más drástico. 

Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner intenta desmarcarse de Alberto y busca mostrarse como la única alternativa de sucesión. No solo ha hecho públicas sus críticas en cartas y discursos, sino que se ha venido reuniendo con distintos factores del poder dominante: con la Embajada yanki, con la vice jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU y hasta con un histórico representante del establishment financiero como Carlos Melconian, de la Fundación Mediterránea. En simultáneo, en estas últimas semanas ha enfocado sus cañones sobre los movimientos sociales que no controla o que no tiene gravitación política en la alianza de gobierno, como el movimiento Evita y agrupaciones de izquierda que forman el amplio frente de Unidad Piquetera. Estos últimos son quienes vienen sosteniendo y escalando la acción callejera, buscando no sólo visibilizar el paupérrimo salario mínimo -sobre el cuál se indexan los montos de los actuales planes sociales- sino también denunciar el acuerdo con el FMI, en contraste con la mayoría de las principales centrales sindicales, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y CTA de los Trabajadores que lidera el diputado oficialista Hugo Yasky. 

Es en este marco que CFK ha planteado públicamente que el control de los programas sociales debe “volver al Estado”. En realidad esto implica que queden en manos de los intendentes, porque su crítica, más que abrir un debate sobre el trabajo en el siglo XXI, busca retomar el control político estatal de los de abajo. 

Cabe preguntarse las razones de la vicepresidenta para apuntar contra éstos sectores del campo popular. Una  posibilidad es que vea en ellos una referencia política que pone en cuestión su figura de opositora por flanco izquierdo frente a lo que representa hoy el gobierno de Alberto. Otra motivación es disputar el marco de oposición, en cuanto la oposición por izquierda en la calle dispute al terreno institucional y se desplace la centralidad de una salida solo electoral.  

El “verticalismo” condiciona posibles rupturas por izquierda 

En el acto por el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, que se hizo en Ensenada, el pasado 2 de Julio, y que tuvo como oradores a Cristina Fernández de Kirchner y los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Juan José Mussi (Berazategui), hubo un claro mensaje dónde se subrayó la necesidad de mantener la “unidad” del peronismo para no perder las elecciones. El encargado fue el intendente Juan Mussi, octogenario barón del conurbano y viejo dirigente peronista, que hizo referencia al histórico “verticalismo” del movimiento. Según Mussi, hay que “tragarse los sapos que haya que tragarse”, en pos de mantenerse en el poder. El mensaje llega en momentos de gran tensión al interior del FdT, pero también busca interpelar a los “díscolos”, que se animan a criticar la falta de justicia social, o el co-gobierno “nacional y popular” con el FMI.  

¿Un gobierno en retirada que pavimenta la salida por derecha?

La crisis post pandemia, el aumento de precios en los mercados de commodities – producto de la guerra intercapitalista en Ucrania- acrecientan el deterioro interno de las economías mal llamadas “emergentes” o en “vías de desarrollo” (en realidad Dependientes). En pos de salvar las ganancias empresariales, la crisis descarga sus consecuencias sobre las mayorías trabajadoras. El gobierno sólo responde con medidas moderadas (prórroga de precios cuidados) porque argumentan que deben cumplir los compromisos fiscales que acordaron con el FMI. Que además les impediría tomar medidas más contundentes, como retenciones, que puedan frenar el alza de los precios de los alimentos. 

El cuadro se completa con el empeoramiento de indicadores psicosociales (Por ejemplo: percepción de la población sobre aceptación del presidente) y materiales (Ejemplo: No se recupera el poder adquisitivo perdido en más de 6 años de ajustes de ingresos). El empeoramiento de esas variables permitirían presuponer que se está al borde de un estallido social, como ocurrió en varios países de Sudamérica y del mundo. Es probable que lo único que esté conteniendo un desborde sean las políticas sociales que financia principalmente el tesoro de Nación. Pero, como manifiestan diversas organizaciones que organizan el pueblo empobrecido de las ciudades: la cuerda es cada vez más finita.  

Es vital, en ese marco, el rol de las direcciones peronistas. Quienes hacen todo tipo de malabares para impedir que el descontento se convierta en acciones de protesta. Los movimientos sociales, oficialistas y opositores, acuerdan en que se acumula presión por abajo y ensayan algunas respuestas políticas para descomprimir. Quienes integran, en diferentes grados, la coalición electoral que gobiernan en nación y las provincias, proponen relanzar la propuesta de un “Salario Básico Universal”. Quienes se encuentran en la oposición proponen salir a movilizar y exigir mayor inversión social de manera urgente y, como medida contra el ajuste, repudiar el acuerdo con el FMI que ata de pies y manos cualquier programa que pretenda resolver la urgencia social. 

Hasta ahora, el “Movimiento Obrero Organizado”, principalmente agrupado en las centrales sindicales, no se ha movilizado. Las cúpulas intentan administrar la crisis y las presiones de las bases, exigiendo, cada tanto, la reapertura de paritarias, como único recurso. 

Hasta ahora, desde el Gobierno Nacional, las respuestas ante éstas demandas han sido diferentes para cada sector. Tanto la ministra Batakis, como la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, salieron a desmentir la posibilidad de que salga el Salario Básico Universal, porque el tesoro nacional “no cuenta con recursos suficientes”. 

Hacia los movimientos sociales opositores la respuesta sumó un nuevo capítulo de estigmatización y represión. Se desplegó una nueva cacería judicial que hace recordar a los tiempos más nefastos de la política argentina. El resultado son múltiples allanamientos a locales de organizaciones con la carátula de “Asociaciones Ilícitas”, con una clara analogía a las dećadas más autoritarias de nuestro país, cuando se utilizaba la misma carátula para perseguir a organizaciones populares antidictatoriales, revolucionarias y/o populares. 

Sería interesante saber si organizar al pueblo empobrecido por el mismo Capitalismo ¿es una actividad ilícita? O dar respuestas a una parte del pueblo en la miseria frente al incumplimiento de los derechos esenciales consagrados en la misma constitución nacional ¿También es incurrir en fines ilícitos de organización?

Interrogantes en curso

Hay una pregunta que está en el aire y cuesta disipar ¿hay posibilidades de un estallido social en Argentina? El fantasma del 2001 merodea las conciencias, en un contexto de miserias económicas y profundos desencantos políticos. La imagen de Alberto y la unidad del FdT pende del único hilo que queda firme: el rechazo a la derecha. Pero el descalabro oficialista siembra desconcierto, desesperanza y bronca. Por otro lado, desde el 2019 se han producido una serie de estallidos en América Latina, que incendiaron toda la Cordillera: Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y con mayor intensidad, Chile. Todas contra medidas de ajuste y políticas neoliberales.

La imagen de Alberto Fernandez está detonada, ridiculizada y perdió el respeto de todas las clases sociales, lo que no es un factor menor para pensar la hipótesis de desborde. Esto podría ser determinante si se produjera una nueva escalada de la crisis en curso. Aún no se visualiza cuál podría ser el punto de no retorno, menos aún si no hay un cambio rotundo de los lineamientos políticos económicos. 

Éste panorama es visto por una amplio abanico de sectores con diversos intereses. Porque tenemos presente que cada quién intentará aprovecharse, sobre todo los grupos monopólicos, para buscar un beneficio particular y lograr más ganancias. La oposición de derecha sale a cuatro vientos a denostar y criticar los malogrados resultados sociales. Falta de escrúpulos no le faltan, luego de haber endeudado y ajustado al pueblo de manera colosal en el período de gobierno anterior. Pero es el precio que paga el oficialismo por dilapidar el crédito político otorgado cuando el voto popular les acompañó para desplazar al macrismo.  

Entonces ¿Cuál es el panorama político de corto plazo? En primer lugar, desde el sector cristinista del Frente de Todos, se quiere construir la idea de que “hay un 2023”, como salida política, con Cristina como referencia principal. La tarea no parece fácil. En estos meses hemos visto los malabares de ser oposición y oficialismo al mismo tiempo. Además el peronismo se presenta muy dividido y con tensos enfrentamientos. Y, por si fuera poco, con peores condiciones socioeconómicas y un acuerdo draconiano con el FMI. 

En ese lapso de tiempo, hasta las elecciones de 2023,  estará presente permanentemente otra pregunta ¿Qué hacemos si se produce un estallido social en lo inmediato?¿Es posible proponer una alternativa a una iracunda fuerza popular? o ¿solo se perfila una derrota popular que abriría paso a una reestructuración capitalista ultra liberal?

Creemos que están dadas las posibilidades de canalizar una salida en favor de la clase trabajadora y popular. Pero la única forma es desplegar movilización y unidad de acción para proponer el rompimiento del programa del FMI, instalar las medidas urgentes necesarias, condicionar las fuerzas reaccionarias del Capital y el imperialismo. 

Sin negar la posibilidad de sentar las bases de una propuesta política transformadora con expresión electoral. La reciente experiencia de Chile es una clara muestra de que parir una alternativa no es con lapiceras y reclamos por Twitter. No hay posibilidad de transformación sin lucha y sin organización popular desde abajo. Ningún líder o lideresa puede enfrentar al poder dominante de los monopolios Capitalistas y sus agentes, sin las inmensas fuerzas del pueblo en la calle y organizado en sus lugares de vida: centros de trabajo, estudio y hábitat. 

En resumen, ¿Qué tareas se desprenden en lo inmediato?

Acordamos con el amplio movimiento que plantea la inmediata suspensión del acuerdo con el FMI, que sigue ratificando el gobierno de Alberto Fernandez. Es fundamental que se inicie una investigación de la deuda pública y la ruptura con el organismo financiero dirigido por EEUU. Porque es un acuerdo cuyo cumplimento imposibilita dar cualquier tipo de respuesta inmediata a las demandas del pueblo empobrecido y poder desplegar una batería de medidas de carácter urgente para mejorar sustancialmente las condiciones de vida. 

En paralelo se hace acuciante disputar el excedente económico producido por el trabajo, productivo y reproductivo, y el ambiente.  Sin una disputa del mismo es seguir postergando a las inmensas mayorías a una vida miserable durante generaciones enteras. 

Solo la organización, el activismo y la movilización pueden ser el camino para alcanzar estos objetivos.