La primera instancia de las elecciones de medio término dejó consigo una dura derrota para el oficialismo de cara a las generales de noviembre. El Frente de Todos perdió en 18 provincias y a nivel nacional se ubicó segundo, con el 31% de los votos, detrás de Juntos por el Cambio que obtuvo el 1er lugar con el 40%, sumando las listas internas que compitieron entre sí. En tercer lugar, quedó el Frente de Izquierda con cerca del 6%. En este contexto sobresale la derrota del peronismo en la “madre de todas las batallas”, las tierras bonaerenses, donde Victoria Tolosa Paz obtuvo solo el 33%. Los votos provenientes de la 3er sección no alcanzaron al lado de lo que ocurrió en las zonas centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, donde el macrismo se impuso por más de 6 puntos.

Estos resultados son el reflejo de un marcado “voto bronca” ante las medidas adoptadas por el gobierno nacional en medio de una crisis económica, social y sanitaria, y reflejan un quiebre de las expectativas en el gobierno por parte de importantes franjas sociales que lo votaron en 2019, esperando un cambio de rumbo contundente. Y si bien la magnitud del fenómeno puede haber sido sorprendente, las causas no son difíciles de comprender. La coalición gobernante llegó al gobierno con la promesa de revertir el deterioro de la calidad de vida generado por el macrismo, pero no tomó ninguna medida de peso para modificar dicho cuadro. Por el contrario, fue consolidando, entre múltiples vacilaciones, una orientación económica ortodoxa que condujo a que el salario real sea el más bajo en más de una década, y mientras la recuperación económica de los últimos meses conduce a una recomposición de las ganancias empresariales, el salario y el empleo se mantienen muy retrasados. La dura situación de más del 45% de argentinxs que se encuentran en la pobreza y salarios de miseria -pandemia de por medio que agudiza el malestar social- es el elemento central que explica este retroceso electoral para el gobierno de Alberto Fernández.

Juntos por el Cambio, luego de cuatro años de un gobierno que causó un desastre económico, retuvo su caudal electoral de 2019 a partir de las múltiples internas que lograron captar un amplio voto que va desde los intentos “outsider” como Manes o Lozada, hasta el derechista de López Murphy, consolidando a Larreta como figura presidenciable hacia 2023. Otra expresión de bronca se evidenció en CABA a través del voto al ultraderechista Milei que se consolidó en un peligroso tercer lugar, aprovechando el descontento sobre todo entre sectores populares con un discurso confrontativo que aparenta disparar contra las “castas” políticas, mientras levanta un programa ultra liberal.

Este dato es preocupante, teniendo en cuenta que finalizaron la campaña instalando la necesidad de una reforma laboral a partir de la eliminación de la indemnización. Si bien el crecimiento de Milei es focalizado en CABA, corre el mapa político a la derecha, instalando un programa radicalmente anti popular, encubierto en una fraseología anti sistema. En esta irrupción de la ultraderecha hay que señalar la responsabilidad por parte del curso político adoptado por el gobierno: a la desmovilización popular ya impuesta desde la oposición durante el gobierno de Macri, sostenida ahora desde el oficialismo, se le suma la frustración popular ante el incumplimiento de las promesas de campaña de cambio rotundo de rumbo, mientras sostiene y replica un discurso progresista desde lo político y simbólico.

Por su parte, el Frente de Izquierda, logró una votación importante a nivel nacional -destacándose la de Jujuy- siendo la única fuerza que planteó la ruptura con el FMI y la necesidad de terminar con la agenda de ajuste y empobrecimiento, que logró superar las PASO prácticamente en todo el país, incrementando su caudal de votos con la posibilidad concreta de renovar bancas e incluso de sumar alguna más.

Claro está que este cuadro no es definitivo, pues la situación social y política es volátil e inestable y se prefiguran diversos escenarios. Lo que es seguro es que el gobierno del FdT deberá rectificar su rumbo si quiere al menos atinar a revertir el resultado. Pero sabe bien que cualquier programa de “poner plata en el bolsillo de la gente” va a contramano de los requisitos exigidos por el FMI.

Debemos resaltar también, que esta es la segunda elección consecutiva en la que, de distintas maneras (voto castigo, voto bronca, nulo, blanco y abstención) se expresa dura y masivamente una gran parte de nuestro pueblo contra las medidas y programas de ajuste. Contra Macri en 2019, en una avalancha de votos “anti-Macri” y ahora en desaprobación al rumbo económico del gobierno con una merma de cerca de 5 millones de votos en todo el país. Este dato, aunque no podemos equipararlo al significado de una revuelta popular callejera, no deja de poner sobre la mesa una masiva bronca contenida, que presiona exigiendo verdaderas medidas populares, y un veto a la tibieza y las vacilaciones en un escenario de catástrofe social.

Desde el Proyecto Político Emancipatorio nos disponemos a dar impulso a una agenda popular que ponga en el centro los reclamos más sentidos de lxs trabajadores. Vamos por la suspensión del pago al FMI y la investigación de la deuda pública ilegítima, por la reapertura de paritarias y recuperación salarial para terminar con salarios y jubilaciones de miseria, un ingreso básico universal para contribuir a acabar con la pobreza, la reducción de la jornada laboral con reparto de horas para terminar con la desocupación, control social sobre las empresas formadoras de precios y el cambio del modelo productivo y de consumo, a partir de prácticas extractivistas, revertir nuestra matriz energética, hoy dependiente de los hidrocarburos, para combatir el cambio climático y preservar de nuestros bienes comunes y ambientales.

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