LA MÁQUINA DE MATAR

Por: Andrés Pabón Lara

 (Nota publicada originalmente en Rebelion.org https://rebelion.org/la-maquina-de-matar-)

El Estado colombiano, usurpado desde su creación hace más de 200 años por una clase dominante generadora del despojo y acaparamiento de la tierra, de la vigencia del modelo extractivista de herencia colonial y de la represión armada como dispositivo de disciplinamiento, no ha intervenido en el contexto actual de movilizaciones y manifestaciones de una manera diferente a su libreto histórico. Ese Estado colombiano se ha convertido en una máquina de matar que no ha hecho más que perfeccionarse a través del tiempo y de los gobiernos.

Teniendo como pruebas manifiestas de ese proceso de perfeccionamiento, para solo arrancar desde el siglo XX, la poco conocida masacre a muy poca distancia de la casa de gobierno de 20 artesanos que protestaban contra el régimen, o la famosa masacre de los trabajadores de las bananeras, allá por 1928, de la que no se ha determinado el numero de victimas por las balas del ejercito que defendían los intereses de la United Fruit Company, seguida del asesinato selectivo de los lideres de las guerrillas de los Llanos Orientales en los años 30, los llamados años de la Violencia durante los 40, en la que los partidos políticos tradicionales fomentaron el asesinato entre partidarios como parte de la disputa electoral, dinámica que solo se tranzó con la dictadura militar directa de 1953 y la dictadura oligárquica disfrazada en el Frente Nacional a partir de 1957. Bajo esa democracia aparente la máquina de matar realizó los bombardeos aéreos que pretendían aniquilar a los campesinos de Marquetalia en los 60, la guerra contrainsurgente y la represión estudiantil de los 70. Luego, habiendo ya retornado la participación electoral sin proscripciones, la persecución política a los partidos o movimientos de izquierda, como la Unión Patriótica o el M-19 en los 80 se organizaron desde las instituciones militares, policiales y de inteligencia de la máquina de matar, en paralelo, se ejecutó la creación, con respaldo oficial, de las llamadas ´´Convivir´´ como primeras estructuras del aparato paramilitar en 1994, la inserción del Ejercito y de agencias militares Estadoudinenses mediante el Plan Colombia firmado en 1999, que vino a reforzar la guerra contrainsurgente (con el pretexto del combate al narcotráfico) y, para marcar de forma sintética, el entronamiento de la represión como política publica y oficialmente declarada a partir del gobierno de Alvaro Uribe en 2002.

Para corroborar que la represión como política oficial ha venido escalando en Colombia, basta recordar que el uribismo se insertó en el ambiente político con un discurso fascistoide de ´´mano dura´´ con la insurgencia, que incluyó el incentivo al ente militar para aumentar su numero de bajas, dando paso con ello al asesinato de miles de jóvenes humildes que fueron presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate (los mal llamados ´´falsos positivos´´). El uribismo implicó también la legalización de las estructuras paramilitares (o mejor, narcoparamilitares) tras un supuesto acuerdo de desmovilización, lo que amplificó su campo de acción de los espacios rurales a las urbes, para aniquilar cualquier tipo de intervención política de izquierda, al tiempo que aceleró y naturalizó el despojo de la tierra al campesinado y, con ello, el fenómeno del desplazamiento forzado interno que en menos de una década significó el abandono de sus tierras de aproximadamente 8 millones de campesinos y campesinas (que han terminado miserablemente hacinados en las grandes ciudades). La cifra de los y las campesinas asesinadas en masacres perpetradas en los campos colombianos con la participación directa del Ejercito, levantando retenes, prestado medios de trasporte, poniendo a disposición infraestructura edilicia, ocultando pruebas, entre otras acciones, aun es indeterminado.

La máquina de matar, o Estado colombiano, cuenta con el nefasto deshonor de ocupar el primer lugar entre los Estados denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 40 sentencias en contra y 5 casos actualmente en litigio.  Uno de ellos es el de los ya mencionados integrantes y militantes de la Unión Patriótica, por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 personas pertenecientes o cercanas a dicho movimiento desde 1984 y por más de 20 años. También está el de la periodista Jineth Bedoya por secuestro, tortura y violación sexual con participación de agentes oficiales sumada a la falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas por parte del Estado para protegerla y prevenir la ocurrencia de dichos hechos. Otro más es el caso de los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que está relacionado con  ataques, actos de intimidación y hostigamiento y amenazas de las que han sido víctimas los miembros de este colectivo como represalia por su trabajo en defensa de los derechos humanos (1). En los poco mas de 2 años que lleva de constituida la Comisión de la Verdad, ente propuesto dentro de las Negociaciones de Paz, se han recopilado testimonios de aproximadamente un millar de personas que han tenido que exiliarse fuera del paisa para salvarse de la máquina de matar (2). Es claro que ningún anaquel de los edificios del Estado reposa el numero oficial de exiliados y exiliadas tras tantos años de represión política. Las estadísticas que solo hacen posible los propios movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales son la fuente más confiable, por supuesto aun fragmentada y seguramente incompleta. Entre estas, vale destacar los informes de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que enumera un total de 160 periodistas asesinados en Colombia a causa de su oficio, correspondiendo casi el 40% de esos asesinatos a los últimos 20 años (3).

Pero quizas uno de los ejes más nefastos de esa política represiva en perfeccionamiento haya sido la generación de un sentido común fascista, anticomunista (o antichavista, para ser más preciso) y racista en grandes conglomerados de los sectores populares colombianos. La naturalización del asesinato a quienes se manifestaban y organizaban bajo cualquier vertiente de la ideología de izquierda no solo permitió al uribismo ganar elecciones (incluida la del actual presidente de la República) sino oponerse obsesiva y acríticamente a las negociaciones de paz firmadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.  Bajo ese espectro de dominación ideológica desde el 2016 a la fecha se han cometido alrededor de 1.200 asesinatos de lideres y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, ambientalistas, representantes estudiantiles, gremiales, autoridades indígenas; con la complicidad (por activa o por pasiva) de las instituciones de la máquina de matar. El año 2020 cerró con la cifra récord de un asesinato político diario en promedio y 43 masacres colectivas perpetradas a lo largo del año (4).   

2021: AÑO DEL PARO

Las redes sociales atestiguan la increíble impunidad con la que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) reprime las movilizaciones que se despliegan actualmente a lo largo y ancho de todo (TODO) el territorio colombiano. El paro nacional fue convocado a partir del 28 de abril, motivado por el rechazo a la reforma tributaria presentada por el ejecutivo, y se ha mantenido activo desde entonces a pesar de haber generado el retiro oficial de dicha reforma y la renuncia del Ministro de Hacienda. Esto puede entenderse reconociendo la amplia capacidad de convocatoria y confluencia de reivindicaciones que aúnan el rechazo a las medidas económicas de ajuste, antes y después de la pandemia y el citado incremento de la represión estatal. El análisis especifico de la dimensión reivindicativa del paro requeriría una reflexión extensa: una síntesis posible se refleja en los datos oficiales que presentan a más de la mitad del total de la población colombiana (57,6%) agrupada entre los rubros de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema (5). No obstante, acá solo se va a rescatar, además de la mencionada amplia convocatoria y articulación de diversos sectores y reivindicaciones, el marco de continuidad que ha logrado reflejar en relación a las movilizaciones por los paros adelantados en noviembre de 2019 y enero del año siguiente. Este continuo de participación política activa del pueblo configura un duro golpe a la legitimidad del uribismo y un desafío inepto para cualquier gobernante de los últimos años.

Esa continuidad de la movilización popular se entronca también con la continuidad del protagonismo policial dentro de la política asesina del Estado. El año 2019 cerró con el paradigmático asesinato de Dylan Cruz, un estudiante de 18 años que recibió el disparo a corta distancia de una escopeta calibre 12 en manos de un miembro del ESMAD. Ese año también permitió recopilar imágenes de múltiples agresiones cometidas por los miembros de este ente. El pandémico 2020 disipó aquellas manifestaciones, pero las políticas represivas y los toques de queda estatales fueron el nuevo marco de acción de las fuerzas policiales. En la misma ciudad de Bogotá, en septiembre del 2020, Javier Ordoñez fue asesinado por la máquina de matar (representada en dos agentes policiales) tras haberlo golpeado y torturado. Las imágenes que testigos del hecho difundieron por redes sociales generaron una ola de protestas que culminó con al menos 13 personas asesinadas también por la policía. En esos mismos días 9 jóvenes que estaban detenidos en una estación de Policía del vecino municipio de Soacha murieron en un confuso incendio dentro del reclusorio. Nuevamente las imágenes captadas con teléfonos celulares y rápidamente difundidas permitieron establecer que esos jóvenes habían sido torturados en el lugar y que existía una complicidad policial en los hechos que ocasionaron las muertes. Otros ejemplos de la difusión mediática de la represión policial abundan en las redes ratificando el mencionado protagonismo de la Policía en el accionar represivo de la máquina de matar.

También en medio de la pandemia el Gobierno presentó un aumento en el presupuesto público destinado al Ministerio de Defensa. La cifra que supera los 39 billones de pesos (10 mil millones de dólares aproximadamente) respalda al aparato represivo más grande de Latinoamérica. Según el sitio web Global Fire Power, dedicado a recopilar cifras sobre la capacidad armamentística de fuerzas militares en todo el mundo, el Ejército colombiano cuenta con 369.000 efectivos, a los que habría que sumar a los miembros de la Armada Naval, la fuerza Aérea y la Policía, y por qué no incluir a otros funcionarios civiles armados destinados al funcionamiento del aparato represivo en su conjunto. Es posible que estemos hablando de alrededor de 1 millón de personas usadas para perfeccionar la represión (sin contar con las organizaciones paramilitares y las empresas de seguridad privada).  Estas cifras pueden compararse con los rubros del presupuesto público que determinó para este año 47 billones de pesos destinados a la educación y 36 billones a la salud (en pleno año pandémico).

También puede analizarse el monto de 39 billones de pesos en relación a la proporción específicamente destinada en los últimos años al ESMAD. Según un informe del portal noticioso de  CNN(6), el cuerpo antidisturbios cuenta con 3.500 efectivos y recibe 490 mil millones de pesos anuales. Eso significa que una fuerza que representa menos del 0,5% del total del aparato represivo recibe aproximadamente el 1.3% del presupuesto total del rubro. Desde otra perspectiva, esas mismas cifras permiten concluir que cada miembro del ESMAD le cuesta al erario publico 140 millones de pesos al año, algo así como 40.000 dólares (desde luego, no solo por salarios). Un docente que devengue por ejemplo el equivalente a tres salarios mínimos impacta en el gasto público en menos de 36 millones en el año (más o menos 10.000 dólares) es decir, una cuarta parte de lo que cuesta un represor.

Sin pretender elaborar un fiel informe estadístico, hay algunos datos numéricos más que ratifican la idea del reforzamiento asesino de la máquina de matar. A dos semanas de iniciadas las manifestaciones, marchas y bloqueos del paro nacional, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos reportan datos no consolidados que rondan las 1.000 personas detenidas de forma arbitraria, más de 500 desaparecidas, 1.800 heridas, un número aproximado de 15 mujeres violadas y al menos 43 personas asesinadas: la responsabilidad principal recae sobre el ESMAD. La sevicia que se manifiesta en las imágenes que dan cuanta de estos crímenes contrasta con el silencio oficial y la falta de resultados de las supuestas investigaciones que los altos mandos policiales manifiestan realizar. Hay pruebas muy evidentes de los crímenes policiales, como las varias imágenes captadas que evidencian los golpes recibidos por el joven de 24 años Elvis Vivas, que falleció en un hospital tras la golpiza que le propinaron varios policías.

Tal como ocurriera tiempo atrás con los chalecos amarillos de Francia o con la primera lineal chilena, el pueblo colombiano que se moviliza en estos días ha sido victima de un accionar que evidencia el desarrollo de una represión sistemáticamente planificada; no para disipar las concentraciones, sino para generar terror en el conjunto de la población y desalentar la acción callejera y la disidencia política en general. Los disparos a quemarropa y a los ojos, las golpizas colectivas a personas capturadas e imposibilitadas de ofrecer resistencia y las agresiones sexuales a mujeres y hombres son ejemplos de esa política del terror. Lucas Villa es el nombre de un joven herido en Pereira con un balazo en la cabeza proveniente de un vehículo no identificado al que días después se le decretó muerte cerebral. Las infiltraciones policiales con personal no uniformado están conectadas con asesinatos selectivos de lideres y activistas entusiastas como Lucas.   

El paro también ha permitido reconocer que las balas lanzadas por la máquina de matar no son solamente de plomo. Los discursos oficiales de funcionarios que van desde la misma envestidura presidencial y vicepresidencial, el alto comisionado para la paz, ministros, oficiales del ejercito y de la policía, entre otros, continuamente alientan y respaldan el accionar represivo. En paralelo, construyen una narrativa de criminalización de la protesta que se complementa con las ráfagas mediáticas de los medios masivos de comunicación, propiedad de los grandes conglomerados económicos del país. Se ha llegado a tal nivel de cinismo en la desinformación que aun con un respaldo de imágenes en las que se muestra a miembros de las fuerzas policiales disparando o golpeando contra la multitud, se habla de ´´enfrentamientos´´ o ´´choques´´. El reforzamiento de esa narrativa está constituida por el ´´vandalismo´´ como supuesto móvil que explica (según el interés de la máquina de matar) tanto la acción directa del pueblo como la respuesta represiva del Estado. Se alienta en la opinión pública una idea de ´´algo habrán hecho´´ para justificar la represión, responsabilizando a las victimas. Además de vandalismo, los funcionarios y seudoperiodistas al servicio de la máquina de matar hablan de infiltración de organizaciones criminales (como el Ejército de Liberación Nacional -ELN) y financiamiento de las movilizaciones con dineros del narcotráfico.

Pero nada de esto alcanza a esconder que la guerra que la máquina de matar ha declarado al pueblo colombiano es la expresión actual de un sistema decadente que se ensaña en la opresión de los sectores empobrecidos para aumentar la riqueza de los detentadores del dominio. Las barriadas populares de ciudades como Bogotá o Cali (por solo mencionar los casos más aberrantes) han experimentado el mayor ensañamiento del accionar represivo policial. De esos barrios populares periféricos salió una de las consignas que hoy se repite en todas las manifestaciones del paro: ¡NOS ESTÁN MATANDO! Y no se trata de una expresión metafórica.

La máquina de matar no para. A las masacres rurales que siguen sucediendo en Colombia hoy, se suman las represiones urbanas que, con la tranquilidad y el descaro de saberse inimputables, se suceden bajo los focos de miles de cámaras ciudadanas. Desde luego, esa impunidad es garantizada por algunos funcionarios judiciales de la máquina. No son hechos aislados, excesos policiales o malos procedimientos; es un plan sistemático para someter al pueblo. Pero, si bien es cierto que la máquina no para, el trascurso de estos días va demostrando que el pueblo, en su justa y digna resistencia, tampoco lo hace. El sueño por vivir (y no solo sobrevivir) es el motor que puede vencer al terror homicida de la máquina. El hastió de cada vez más personas aumenta, y el grito libertario de quienes optamos por no seguir callados ni ser cómplices pasivos de la máquina, trasciende fronteras. El deber de todo ser humano que aun no haya vendido su conciencia al confort individualista y al consumo materialista es gritarle al mundo que ¡NOS ESTÁN MATANDO!… para que seamos cada vez más quienes nos encontremos en la convicción de que aún así ¡NO NOS VAMOS A RENDIR!       

Notas:

sendaguevarista

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s