Regional Patagonia

Ayer, 4 de febrero de 2021, se pusieron nuevamente las cartas sobre la mesa en Chubut. Y nuevamente ganó el pueblo. La legislatura debió postergar el tratamiento del proyecto de ley abriría las puertas a la minería. Primero, por no tener todos los votos asegurados, y segundo, por una orden judicial que puso en stand by el tratamiento de dicho proyecto.

Claro está que la victoria es transitoria, tal como viene sucediendo desde aquel plebiscito de Esquel en el año 2003, la primera gran derrota de las transnacionales mineras en el país. De allí surgió la ley provincial 5001, que hasta el día de hoy prohíbe la explotación en toda la provincia. Pero en este juego de cartas no hay secretos ni azar, sino relaciones de fuerza. El poder político-empresarial minero muerde derrota tras derrota por el enorme poder de movilización de un pueblo consiente, que defiende el agua y los territorios a pesar de la enorme crisis económica. Tal como le sucedió a Néstor, a Cristina y a Mauricio (y a sus secuaces gobernadores), Alberto tuvo una dura derrota política y ahora deberá repensar sus tácticas. Subestimó el poder de movilización y creyó que sólo bastaba con dar una orden para aprobar, cueste lo que cueste, el proyecto de Ley 128/2020.

El proyecto busca zonificar el territorio y crear una “zona de sacrificio” en el centro de la provincia, históricamente desatendida por las políticas estatales, pero que a pesar de todo cuenta con una población con un fuerte arraigo territorial. Esta región cuenta con grandes yacimientos de oro, plata y uranio,  y para el gobierno solo hay una discusión binaria: minería o nada. Demás está decir que, a pesar de una política que fomentó las migraciones campo-ciudad durante décadas, cuenta con potenciales para tener alternativas productivas agrícolas, ganaderas, energéticas (eólica), turísticas, entre otras. El proyecto de ley 128/2020 también intenta desmovilizar a las grandes ciudades de la costa y la cordillera, pilares del “No a la mina” excluyéndolas de la zona de sacrificio, pero  ha sido un rotundo fracaso. Si hay algo que en estos años se consolidó, es la conciencia ambiental, el comprender que las frágiles cuencas que atraviesan toda la provincia son intocables. Por ejemplo, del bajo caudal del río Chubut depende el 50 % de la población provincial.

La Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut (UACCH) se ha convertido en el principal sujeto político en esta lucha. Una compleja y aceitada red de comunidades que ha logrado poner en la agenda la problemática socio-ambiental, pero no sólo desde una táctica defensiva. De allí, por ejemplo, surgieron la Primera y la Segunda Ley por Iniciativa Popular (IP 2020), con el objetivo de establecer parámetros sustentables a la matriz productiva del Chubut, en la que por supuesto no hay lugar para la minería metalífera. Recordemos que las iniciativas populares están amparadas constitucionalmente y representan un mecanismo de democracia directa, y que deben contar con el apoyo de un porcentaje del padrón electoral en la que se vea representado todo el territorio. Por ello, para llevarla a cabo se necesitó de una estructura sumamente coordinada.

La primera IP se presentó en 2014 pero la legislatura, al no querer pagar el costo político de rechazar la primer IP de la historia, decidió aprobarla cambiando radicalmente el espíritu del articulado, a tal punto que finalmente se permitía actividad minera. Este hecho terminó en uno de los mayores escándalos en la histórica democrática de la provincia y por supuesto la ley nunca fue aplicada. La Segunda IP fue presentada en 2020, y aún debe ser tratada por la legislatura, con un plazo seis meses (mediados de 2021).

Por lo tanto el 4 de febrero de 2021 debe valorarse como otra pequeña gran victoria popular frente a una legislatura teñida de corrupción. Incluso con un diputado del PRO, Sebastián “100 lucas” López, apareciendo en una cámara oculta cobrando por sus servicios para hacer lobbie en favor de la minería. Diputado que no solo no renunció, sino que se pasó al oficialismo ante el silencio de los medios de comunicación y dirigentes provinciales y nacionales.

Pero la frutilla del postre la puso el poder judicial, al dar lugar a una denuncia contra el proyecto 128/2020, por falsedad de datos científicos. La jueza de Esquel Alicia Arbilla ordenó suspender el tratamiento del proyecto hasta tanto se investigue la denuncia. Esto seguramente dará algunos meses de aire a una lucha que no terminará hasta tanto el oro y la plata dejen de ser bienes preciados por el sistema capitalista.

El 4 de febrero quedará como otro hito en una conflictividad que es y será permanente. El rechazo a la matriz extractiva (social y ambiental) tuvo marchas masivas en toda la provincia, y además contó con adhesiones y actividades en casi todo el país. Pero ahora el foco se pondrá en el proyecto de ley 129/2020 “Ley por Iniciativa Popular” (ingresó a la legislatura el mismo día que el 128/2020), que cuenta con el respaldo de más de 30 mil firmas, conseguidas en tan sólo dos meses y en plena pandemia. Como dijimos anteriormente, es un proyecto que prohíbe definitivamente la minería metalífera a cielo abierto, y que esta vez la legislatura quiso esquivar aprobando de urgencia el proyecto 128/2020.

Otra nueva partida está en juego sobre la mesa.