Emergencia habitacional en Olavarría: un problema estructural que se soluciona con el reparto.

Hace tiempo que la Mesa de Emergencia de la localidad de Olavarría (provincia de Buenos Aires) viene desempeñando un papel muy importante al momento de visibilizar y llevar adelante diferentes reclamos frente al gobierno municipal. Se trata de un espacio de coordinación conformado por diferentes organizaciones sociales, sociedades de fomento, juntas vecinales, merenderos, comedores y personas independientes, que ante una situación socioeconómica cada vez más acuciante se organizaron para luchar por derechos tan básicos como el acceso a la vivienda digna. Así es que desde el 29 de septiembre se está sosteniendo un acampe frente al edificio de la Municipalidad, bajo la consigna de Acceso Justo al Hábitat, las mismas palabras que de manera rimbombante dan nombre a la Ley provincial N° 14.499/12 pero que al momento de efectivizarse no son más que un título bonito. Para comprender esta acción de lucha en particular, la de Guernica o tantas otras similares a lo largo y ancho del país, es necesario preguntarse qué es lo que está en el fondo del problema habitacional, el cual se agudiza en un contexto de crisis sistémica a nivel global.

En Argentina la problemática del acceso a la vivienda es estructural y se vincula directamente con la cuestión de la distribución de la tierra. Basta con revisar un poquito de historia para darse cuenta de que el poder se ha asentado sobre la propiedad de la tierra y un sistema jurídico que santifica la propiedad privada. De hecho, la misma constitución del Estado Nacional se erigió sobre la base de la expropiación territorial a los pueblos originarios. Sino de qué otra manera pueden entenderse las genocidas acciones, perpetradas por el ejército argentino a fines del siglo XIX tanto en Patagonia como en el Gran Chaco. El Código Civil argentino desde sus orígenes mismos se ocupó de proteger la “absolutividad” de la propiedad, que no es otra cosa más que la imposibilidad de que dos o más personas compartan derechos sobre la misma cosa.

La experiencia de lxs compañerxs de Olavarría pone de manifiesto lo que en la década del 70 advirtiera el filósofo y geógrafo Henri Lefevbre, quien sostuvo que el poder dominante ejerce su poder a través del territorio y a través de dos mecanismos: la propiedad privada del suelo y la acción estatal. La lucha de clases se materializa a través de las características que adquiere un determinado territorio, en la existencia de barriadas trabajadoras situadas en espacios no aptos o con las peores condiciones medio ambientales. Las relaciones sociales capitalistas se expresan también en la vigilancia y represión sobre ciertos barrios y en la vista gorda que hace el Estado frente a los millonarios negocios ofrecidos por la especulación inmobiliaria, que terminan engordando las cuentas de la misma clase que históricamente ha despojado a lxs trabajadorxs.

En este marco la presentación el 8 de éste mes de un proyecto de Resolución redactado por las organizaciones sociales que conforman la Mesa de Emergencia, para que el Concejo Deliberante apruebe la conformación de un Concejo Local de Hábitat y Vivienda, no constituye una acción menor. Por el contrario, se trata de una muestra de capacidad autogestiva desde abajo, cuestionadora de la lógica mercantilista que se impone cuando desde las oficinas del poder se proyecta el tan enaltecido “desarrollo urbano”.

Son muchas más las actividades que se realizan en el marco de esta lucha, desde charlas de formación referidas a la ley de Acceso Justo al Hábitat, actividades culturales e incluso la confección de un padrón de familias sin vivienda en la ciudad. Trabajo este último que se ha visto garantizado y facilitado por la presencia de una nutrida red de referencias barriales que participan en los espacios asamblearios.

El derecho al hábitat, una quimera si no se tocan los intereses de la especulación:

“Las tierras fiscales, deben ser destinadas a familias en situación de vulnerabilidad habitacional. El acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional. Los precios de la tierra son inaccesibles para la clase trabajadora”.

Esas son solo algunas de las consignas que se repiten en las publicaciones de redes sociales desde que arrancó el acampe y desnudan mejor que cualquier estadística dónde se debe poner el foco, si lo que se quiere es abordar con un mínimo de justicia la falta de vivienda para miles de personas. Como a todo en este mundo, el capital ha impreso su sello en la forma en que se produce y genera la ciudad, el espacio urbano en sí mismo. Si en determinado momento en la historia de nuestro país, muchas de las ciudades se orientaron hacia la satisfacción de las demandas del capital industrial, es a partir de los años 80 que pasan a responder al capital financiero y especulador basado en el mercado inmobiliario. Así los barrios, la infraestructura o las calles pasaron a ser tratadas como si fuesen mercancía y no como derechos de las personas, todo esto claro, con el beneplácito del Estado.

Entonces una política de gobierno tendiente a hacer mínimamente más accesible la vivienda para la clase trabajadora, necesariamente debe priorizar el hábitat por sobre el negocio de la especulación inmobiliaria y lo que es más importante, debe tocar los intereses burgueses centrados en la renta urbana. ¿Cómo hacerlo? Aunque sea empezando por hacer cumplir la pila de legislación y texto jurídico existente tanto a nivel provincial, nacional e internacional  en materia de derecho  la vivienda.[1]

La demanda de creación del Concejo Local de Hábitat y Vivienda en Olavarría contiene en sí misma una importante dimensión política, porque puede convertirse en una forma alternativa de proyectar la ciudad, pero además porque incluye la participación de las organizaciones sociales en esa proyección. Tal como lo plantean lxs compañerxs de la Mesa de Emergencia, la lucha y la organización son el camino. Y ese camino implica cuestionar lo injusto y transformarlo a partir de la solidaridad y la fuerza colectiva.

 

notas

[1] La ya mencionada ley 14.449, la Constitución Nacional y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

sendaguevarista

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