A un año del estallido en Chile ¡Apruebo, lucho y me organizo!

Contextualización del estallido social de octubre y el proceso constituyente Chileno

Por Antonio Malatesta, desde Chile

La noche del 18 de octubre de 2019 Chile despertó, frente a la incredulidad de un gobierno impotente que, incapaz de resistir las mareas humanas que se lazaban a las calles de Santiago al grito de “¡Dignidad!”, decretó Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que faculta a las FFAA para intervenir. Esa noche nadie durmió. Se multiplicaron los cortes de calles, las barricadas y los cacerolazos. Por primera vez, después de 30 años de saqueo indiscriminado por parte de la falsa democracia, el pueblo en su conjunto, demostró su fuerza, dejando claro que ya no iba a soportar más los abusos sistemáticos por parte de las clases dirigentes. El rumor de rebelión en Santiago se expandió rápidamente por todo el territorio nacional. En los días subsiguientes no había ciudad que no estuviera movilizada, ningún ciudadano quedó indiferente. Rápidamente se comenzaron a formar asambleas populares y cabildos ciudadanos. Era evidente la necesidad de saber ¿Qué paso? También por parte del gobierno, sus lobistas y cercanos, se tomaron todos los medios de información levantando elocuentes disculpas al pueblo, “no sabíamos que había tanto descontento”, “ignorábamos la desigualdad”, etc., etc.  El diagnostico era terminal, o el presidente Piñera renunciaba o el país terminaría nuevamente con una dictadura. Fue así como, en menos de un mes, el presidente perdió más del 20% de aprobación, quedando, en la práctica, incapaz de poder manejar el nivel de descontento general de la población. Era necesario que los demás poderes del Estado actuaran para poder dirigir, de alguna forma, el malestar por causes institucionales y así evitar el choque directo entre las clases, panorama oscuro que nos llevaría a un nuevo derramamiento de sangre popular.

Desde aquellos violentos primeros días, la movilización general fue tomando ritmo y constancia, las marchas de miles y miles se volvieron habituales, fenómenos como la llamada “primera línea” (jóvenes en su mayoría de estratos medios y bajos) sorprendían a todo el país, luchando calle a calle contra las fuerzas represivas mediante el uso de piedras, resorteras, escudos y cascos, con una organización insipiente pero que bastaba para proteger la columna de indignados e indignadas que llenaban la Alameda con sus pancartas y consignas. Al igual que las brigadas de salud que se ocupaban de cuidar a los lastimados producto del actuar violento e inhumano del Grupo de operaciones especiales de carabineros (la policía de choque) y los militares. El corolario de esta movilización general fue el 25 de octubre, donde cerca de 3 millones de personas salieron a marchar en todo el país. Se calcula que solo en Santiago se reunieron cerca de 2 millones en una marcha única que llenó la llamada Plaza de la Dignidad (Plaza Italia, centro neurálgico que divide Santiago entre los ricos y los pobres). El costo de la rebeldía sale caro. Cientos de luchadores perdieron uno o ambos ojos, muchos murieron a manos de carabineros o los militares, se hizo común encontrar cuerpos calcinados en medio de los incendios de los supermercados saqueados por la gente, o las acusaciones de centros de torturas ubicados en distintas estaciones subterráneas de Metro, siniestradas por la acción rebelde de los primeros días de la revuelta. El país se encontraba totalmente convulsionado, aquel polvorín que muchos intelectuales de izquierda venían advirtiendo que era la sociedad chilena, explotó.

En los momentos más candentes de la Revuelta Popular, la ingobernabilidad del país llegó a un punto donde la clase trabajadora la evidenció gracias a su propia fuerza, al lograr de forma efectiva y contundente la primera Huelga General del siglo XXI en territorio chileno, gracias a la coordinación de organizaciones sindicales- diezmadas por años de complacencia con los gobiernos concertacionistas- y territoriales- surgidas incipientemente como espacios autoconvocados de los sectores populares, para mantener la movilización en cada barrio del país. La paralización efectiva del transporte urbano, las actividades productivas en la gran minería, la industria forestal, el sector frutícola y de servicios, y las masivas protestas durante toda la jornada (que incluían ataques a recintos militares), plantearon un escenario de presión máxima y difícilmente controlable por la institucionalidad.  Pareciera una anécdota que al día siguiente el dólar llegara a su máximo histórico en tres décadas, dejando en claro que el problema de gobernabilidad también era asimilado por los grandes grupos económicos.

Pero no hubo Revolución. La izquierda de intención revolucionaria no supo conducir aquel malestar, tanto por inexperiencia como por la sorpresa que nos produjo el estallido social, al igual que la disgregación política y orgánica que no ha permitido construir una política alternativa al neoliberalismo en cualquiera de sus facetas. Fue así como “los de siempre”, los partidos de gobierno y la “oposición” (concertación y frente amplio), se reunieron un 15 de noviembre a deliberar qué hacer para solucionar la profunda crisis que vivía la patria. Tras largas e interminables horas de debate esa noche se cocinó el llamado “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución”. Un acuerdo que aseguraba el respeto irrestricto a los DD.HH, y comprometía a los partidos firmantes (Democracia Cristiana, Revolución Democrática, Renovación Nacional, Partido Comunes, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Liberal, Partido Radical, Unión Demócrata Independiente, Evópoli) para trabajar por la “paz social” y el desarrollo de un plebiscito donde se diría “Apruebo” o “Rechazo” a una nueva constitución, y qué organismo la redactaría, una convención mixta o convención constituyente. La trampa estaba hecha y el pueblo la sabía. Las movilizaciones no paraban, ni disminuían en intensidad, las asambleas populares comenzaban a organizarse conjuntamente a nivel nacional, por al menos un instante se vio el potencial revolucionario del pueblo. Pero “el verano” y la pandemia terminaron por sepultar aquellas incipientes organizaciones revolucionarias. El pueblo poco a poco fue cediendo y abandonando sus lugares de organización y reflexión. Recluidos y amenazados por un bicho invisible nos tuvimos que sumar irremediablemente al plebiscito.

¿Qué es lo que se juega en el plebiscito de 25 de octubre?

De manera sumaria son dos papeletas, una de “Apruebo” o “Rechazo” a una nueva carta magna, y “Convención mixta” o “Convención Constitucional”. La mixta consta de 172 integrantes, la mitad electa popularmente y la otra son congresistas electos por el congreso mismo. La Constitucional consta de 155 integrantes electos en su totalidad por la gente. Pero este proceso está viciado desde un comienzo. Los candidatos tienes que ceñirse al sistema de elecciones vigente, que los obliga a formar parte de una lista de algún partido inscrito, además de la regla de los 2/3 que posibilita que los sectores más reaccionarios del país controlen la asamblea mediante el poder de veto que tendría el 1/3. Sin embargo, no todo es negativo, esta constitución se escribirá sobre un “papel en blanco”, lo que significa que el diseño social del país puede discutirse desde cero. Esto abre la posibilidad de conseguir importantes derechos que la ciudadanía demanda, como un sistema de previsión social justo, el derecho a la vivienda, la propiedad de las aguas (actualmente privado), derechos ambientales, indígenas, etc. De esta forma, la izquierda, generalmente dispersa, ha ido encontrando puntos de concilio donde la necesidad de arrasar en la opción “apruebo” y “constitucional” es evidente, además de sobrepasar más de los 2/3 con constituyentes del mundo popular y civil. Este último desafío es crucial. Al pueblo le costó lucha y sangre poder romper el horizonte de lo posible, y de la misma manera en que sorprendimos a los poderosos esa noche del 18 de octubre, debemos arrebatarles la posibilidad de coartar la libertad del pueblo para decidir su destino. 

Fenómenos marginales, pero importantes de mencionar son: 1) la fuerte polarización que ha sufrido la sociedad chilena, llegando a agresiones -y enfrentamientos- por parte de movimientos reaccionarios-conservadores en contra de quienes se movilizan por el “Apruebo”. Estos “neofascismos” representa al sector más recalcitrante y reaccionario de la sociedad, jóvenes de distintos estratos sociales que mediante el miedo y la ignorancia pretenden afectar a la población e inhibir sus ansias de cambio. 2) La profunda crisis de autoridad y legitimidad que vive Carabineros de Chile, a raíz de múltiples casos de violación a los derechos humanos, montajes contra el pueblo mapuche -y asesinatos-, millonarios fraudes y una red de corrupción. Incluso han llegado hasta el punto de amenazar de muerte a fiscales que persiguen a funcionarios de esta institución, como es el caso de la fiscal Chong, encargada de la investigación en contra de un carabinero que empujó a un manifestante desde un puente al lecho del rio Mapocho, comprometiendo su vida, por supuesto respaldados por la derecha.

Lo vertiginoso del escenario ante el proceso constituyente deja pocas oportunidades para los sectores transformadores y de intención revolucionaria. Por un lado, los sectores más reaccionarios de la derecha defenderán el modelo neoliberal extremo que impera en Chile. Por otro, la socialdemocracia agrupada en la Concertación y sectores del Frente Amplio apelan a una constitución para un “Estado Social de Derechos”, tomando como ejemplo las bases institucionales de los estados de bienestar europeos, sin garantías de acabar con el modelo rentista, dependiente y extractivista, que precisamente impide la vida digna para los sectores populares, en una especia de Neoliberalismo de baja intensidad. Sin embargo, la falta de una propuesta transformadora y popular que dispute el cambio constitucional a aquellas proyecciones neoliberales, no detendrá la movilización popular. Mientras los neoliberales aspiran a un regreso del status quo y aplacamiento de las protestas post-plebiscito, la falta de medidas efectivas para enfrentar la crisis económica que tiene a casi un quinto de los trabajadores cesantes y resistiendo los problemas con sus propios ahorros previsionales, sumado a los crecientes niveles de represión y la incapacidad del sistema judicial para condenar las violaciones de derechos humanos, auguran que el vendaval no terminará pronto.

En conclusión, si bien el panorama es convulso y difícil, los siguientes años serán cruciales para la izquierda consecuente. Debemos demostrar que podemos superar nuestras diferencias y converger hacia la unidad necesaria para conducir un proceso transformador con los sectores populares y para ellos mismos. Los revolucionarios tenemos las urgente tarea de construir y entretejer la articulación de los espacios populares, donde como pueblo podamos hacer frente a las clases dominantes, con el desafío inmediato de asediar el proceso constituyente, con la convicción clara que solo el pueblo movilizado y rebelde puede obligar a este organismo a dirimir en favor de los intereses de nuestra clase.

sendaguevarista

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