La disputa por el agua en Chubut: ¿privatización o uso comunitario?

Muchos políticos y empresarios se preguntan por qué el capital minero no ha logrado imponerse en una de las provincias con mayor potencial minero y a su vez con menor densidad poblacional del país (lo que erroneamente lleva a pensar en menores resistencias sociales).

Para intentar responder a esta pregunta, hay que comprender que la provincia cuenta con una larga tradición de lucha ambiental, la cual se remonta a principios de la década del 80, cuando surgieron las primeras resistencias contra la tala de árboles, el uso de quimicos en ejidos urbanos, la construcción de la represa de Epuyén y, fundamentalmente, la oposición a la instalación del “Basurero Nuclaer” en Gastre. El inicio del siglo XXI vio cómo Esquel y la Comarca Andina expulsaban, mediante un plebiscito histórico, el primer proyecto megaminero en Chubut, ubicado a las afueras de dicha ciudad. A partir de este hecho de 2003 el pueblo conquistó la ley provincial 5001, la primera a nivel nacional que prohibió la minería metalífera a cielo abierto en una provincia. Además, a partir de Esquel el pueblo se organizó en las denominadas Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) a nivel regional y nacional. Estas Asambleas, que en Chubut cambiaron el sustantivo Ciudadanas por Comunitarias, han fortalecido la conciencia ambiental en contra de los despojos territoriales en general.

Desde Esquel, los diversos gobiernos y corporaciones mineras han intentado diversas estratégias en su afán de derogar la ley 5001. En la actualidad los argumentos giran en torno a la necesidad de crear trabajo en un contexto de crisis finciera y política sin precedentes en la historia de la provincia. Además, se expresa que no se tocará ley 5001, salvo en la meseta central, para lo cual se crearon cuatro zonificaciones comarcales (ver mapa).

Esta estratégia pretende aislar a la Comarca de la Meseta Central, que posee los principales yacimientos (metalíferos y uraníferos) y la menor densidad poblacional. Según el discurso oficial, las tres comarcas restantes, más pobladas y con mayores resistencias al modelo minero metalífero, estarían “a salvo” de actividades mineras y de cualquier accidente o contaminación ambiental que suceda en la meseta.

La disputa por el agua en Chubut

La disputa por el agua (su uso social/comunitario o su privatización), es uno de los motivos de mayor conflictividad territorial en Argentina. Más aún cuando el 16% de las personas en Argentina no tiene acceso al agua potable, lo cual equivale a 6,4 millones de personas (aunque si consideramos los datos de organizaciones no gubernamentales, la carencia de agua podría alcanzar al 21% de los habitantes).

Particularmente, las comunidades ubicadas en regiones semi-áridas de la Argentina han profundizado su conciencia ambiental debido a la vulnerabilidad hídrica en la que viven. Esto se vio reflejado en las luchas contra la mega minería en Mendoza a fines de 2019 y se viene experimentando hace años en Chubut.

Por supuesto han sido las Asambleas quienes han cimentado esta conciencia, a partir de una argumentación que ha combinado, al menos en Chubut, la idea de que es necesaria y posible una alternativa territorial-productiva, opuesta a aquella impulsada por el estado y los intereses de la corporación político-empresarial minera.

La disputa por el agua y las cuencas en Chubut posee algunas características necesarias de comprender: las aguas de la cuenca del Río Chubut pasan por la Comarca de la Meseta Central para luego desembocar en el océano Atlántico. En dicha desembocadura se encuentran los mayores núcleos poblacionales de la provincia (casi el 50 %, o lo que es lo mismo, 300 mil personas), distribuidas en Puerto Madryn, Trelew, Rawson, entre otras (ver mapa).

Además, y cómo demuestra el mapa, otro dato que nos muestra claramente la disputa por el agua es que en caso de aprobarse la minería en la Comarca de la Meseta Central, el 75% de la cuenca del río Chubut quedaría disponible para las empresas transnacionales.

Por este motivo las Asambleas insisten en argumentar que el ambiente es un sistema complejo, es decir, que todas sus partes se relacionan y por lo tanto los daños que se ocasionan en un punto pueden llegar a repercutir en la totalidad. Si bien parece ser algo muy sencillo de comprender, el discurso gubernamental parece indicar todo lo contrario.

La Iniciativa Popular por la defensa del agua y los territorios: del fraude de 2014 a la nueva Iniciativa Popular de 2020

La reforma constitucional de 1994 incorporó el derecho a presentar proyectos de ley por medio de iniciativas populares, es decir, un mecanismo de democracia semi-directa. Cualquier iniciativa debe estar avalada por una cantidad representativa de firmas (en el caso de Chubut, al menos un 3% del padrón de los diversos distritos electorales), y a su vez deben estar representadas todos los distritos electorales.

En el año 2014, marcando un hecho sin precedentes en la provincia, las Asambleas tomaron la ofensiva y presentaron un proyecto de ley por Iniciativa Popular denominado “Proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”, con el respaldo de 13.007 firmas (siendo 11.000 las firmas necesarias por ley), tomando estado parlamentario el 26 de mayo de 2014.

El articulado del proyecto, fruto de años de experiencia y conocimiento popular, hizo eje en el respeto a los principios de la Ley General de Ambiente, entendiendo al agua como bien común. Pero no intentó prohibir todas las actividades mineras (lo cual podría afectar la actividad petrolera, por ejemplo) sino a todas aquellas de primera categoría (metalíferas, por ejemplo) según el Código de Minería.

Por supuesto las Asambleas sabían desde el comienzo que el proyecto de ley tenía pocas chances de ser aprobado, sobre todo por el descreimiento hacía con las instituciones burguesas, siempre funcionales al capital privado. Aun así, ni los presagios más pesimistas pudieron anticipar lo que iba a suceder: un fraude legislativo que cambió el espíritu de la ley. El escándalo nacional e internacional se coronó con la foto de un diputado peronista recibiendo órdenes por parte de directivos mineros sobre cómo redactar la nueva ley, todo ello en plena sesión legislativa.

A pesar de esta experiencia, en 2020 las Asambleas vuelven a la carga con la Iniciativa Popular, pero esta vez con un respaldo que, como mínimo, duplicará la cantidad de firmas. A sabiendas de que la Iniciativa nuevamente puede fracasar, lo importante es el camino de discusión y generación de conciencia.

El proceso que abre la Iniciativa Popular no es sólo un “No a la Minería”. Estos procesos han contribuido a la acumulación del consenso con el cual hoy cuenta la lucha ambiental. La oposición a las políticas de despojo ha permitido unificar luchas que parecían desconectadas. La lucha ambiental atraviesa la agenda de los pueblos originarios, del sindicalismo (sobre todo aquel de base), de los feminismos, centros de estudiantes, y de los autodenominados “vecinos/as” sin adscripción organizativa. Estos movimientos se encuentran encolumnados en contra de las políticas de despojos que se han vuelto más agresivas a partir del neoliberalismo. A su vez, las diversas Asambleas Chubutenses se han complejizado, solidarizándose con los conflictos docentes, recuperaciones de tierra mapuche-tehuelches, con las luchas feministas y del movimiento de mujeres, entendiendo que el problema de fondo es la explotación capitalista, patriarcal y colonial.

sendaguevarista

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