Extractivismo o soberanía, definiciones estratégicas en tiempos de crisis

El hecho que estamos atravesando por una profunda crisis no es ninguna novedad. Tampoco que la misma tiende a profundizarse a nivel mundial, con el consabido impacto sobre las condiciones de vida y trabajo de millones de personas. Esto no es novedad hoy; tampoco lo es el hecho de la cíclica recurrencia de las mismas como efecto de la subordinación al movimiento del capital no sólo en el terreno productivo sino en la totalidad de la existencia, lo que se vuelve evidente cada vez que emergen comparaciones con situaciones precedentes y similares.

La crisis actual, agudizada por la pandemia global, es de carácter multidimensional: económica, sociosanitaria y ambiental, lo cual pone en serio riesgo la capacidad reproductiva y colectiva de la vida, a la par que liquida psicosocialmente los espacios de autonomía. Es decir que está en peligro nuestra propia subsistencia. Es por ello que hablar sólo en términos de cifras y estadísticas nos daría una mirada sesgada. Es necesario dar un debate serio sobre las formas posibles de salir adelante, y por lo tanto éste no puede constar sólo en la denuncia de lo que está mal, y tampoco de una serie de consignas. Nos interesa plantear esta discusión en base a propuestas concretas, que tengan asidero en la propia capacidad instalada de nuestro país, el conocimiento profesional, científico, técnico, y que contemple la participación activa de todas las provincias. Esta nota, es un primer puntapié.

Dentro de los marcos actuales, vemos que el gobierno nacional tiene dos salidas posibles:

  1. El rumbo que parece haber elegido: profundizar la vía extractivista, que trae aparejada la extranjerización y destrucción acelerada de bienes comunes y el ambiente. Que provoca mayor concentración económica, dependencia, expoliación de nuestro trabajo y acarrea consecuencias enormes para la salud de las personas.
  2. Planificar el desarrollo de sectores productivos concretos, diversificar el cultivo y la cría y realizar una reforma impositiva progresiva, en una perspectiva de relación sustentable entre los seres humanos y el medioambiente, en diálogo y atendiendo a las demandas de las organizaciones populares y los movimientos sociales.

La opción extractivista y de sobreexplotación de los bienes naturales

La pandemia del COVID ha puesto sobre la mesa que los estragos ambientales que provoca el modo de producción capitalista no es un tema solo de “ambientalistas”. El proceso de zoonosis a través del cual pasan a los humanos los virus como el Covid-19 y anteriormente la gripe aviar, la H1N1 o el SARS, son consecuencias directas de las formas de producción, de la ganadería industrial a gran escala. Y es justo en este contexto que aparece el descabellado pre acuerdo con China para instalar en el país granjas industriales de cerdos para exportación. Pocas veces quedó tan claro que ese “desarrollo” tiene un alto costo ambiental y humano.

Por otro lado, mientras se agudiza el conflicto por la Ley Nacional de Humedales y las quemas intencionales en los humedales del Paraná, se conoció que el  “Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)” había presentado un plan denominado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”, que ha sido muy bien recibido por el gobierno y la oposición. Un plan que significa la profundización del modelo del agronegocio: la ampliación de los cultivos transgénicos, el desmonte, la expulsión de comunidades y la contaminación con agrotóxicos. Un modelo que no solo devasta los suelos, sino también todas las especies con vida, mientras alimenta las ganancias y la dependencia de los proveedores de “paquetes tecnológicos” como Monsanto-Bayer o Syngenta.

La otra opción muy en boga sigue siendo la mega minería, que intenta avanzar en Chubut y Mendoza, a pesar de la oposición social y las conocidas consecuencias sociales, económicas y ambientales en provincias como Catamarca o San Juan. Recientemente, el Secretario de Minería Alberto Hensel realizó un encuentro virtual con empresas británicas, donde presentó 43 proyectos de explotación de oro y 40 de plata. “Argentina es un país con minerales, queremos convertirnos en un país minero”, fue la consigna del encuentro, que bajo la idea de atraer inversiones, ofrece a precio de remate los recursos de todo el pueblo. La propuesta extractivista ni siquiera es pan para hoy. Constituye un modelo destructivo que está en desmedro no sólo de la salud, sino de puestos de trabajo dignos. Es cortoplacista y en beneficio de un puñado de multinacionales y sus secuaces locales.

Una propuesta sustentable y de largo plazo

Hay alternativas al extractivismo. Argentina tiene un potencial de recursos naturales y humanos que es necesario discutir y contraponer al modelo civilizatorio extractivista.

Para poner algunos ejemplos concretos, podemos decir que el Astillero Río Santiago tiene una alta  capacidad productiva para la construcción de todo tipo de barcos y buques en su totalidad, incluso los motores y grúas. Puede construir locomotoras y ruedas de ferrocarriles, turbinas hidráulicas, y variedad de estructuras metalmecánicas. Tiene además su propia escuela técnica.

Tenemos varias de las mejores universidades técnicas de la región, pero el modelo mercantilizado de la educación, la precarización en la investigación y la fuga de cerebros sigue siendo un problema. Se forman técnicos y profesionales a quienes no se les otorgan puestos de trabajo bien remunerados y con perspectivas, por eso la fuga.

Por otro lado, la arbitrariedad de las empresas de transporte en torno a los tarifazos de los últimos años, a las condiciones de trabajo de sus choferes en pandemia, más los conflictos por despidos sacan a la luz nuevamente la necesidad de resolver la cuestión de un transporte público barato y de calidad. Tanto en términos de mantenimiento como en movilidad, la perspectiva de que llegue progresivamente a todo el país es un elemento clave no sólo por los puestos de trabajo que podría generar, sino también por la capacidad de ampliación del mercado interno, necesario para que prosperen las iniciativas productivas en general. Estamos hablando del ferrocarril y su desmantelamiento, de la privatización de las autopistas y el negocio de los peajes, de la mano de los códigos de ordenamiento urbano que benefician a las inmobiliarias mientras destruyen el suelo y el tejido urbano. Todas deudas históricas que ningún gobierno reciente ha tenido la voluntad política de resarcir.

El actual modelo agroindustrial con siembra directa, semillas transgénicas, uso desmedido de agrotóxicos y otros preparados, y la búsqueda de rendimiento a toda costa, debe reemplazarse progresivamente por un modelo agroecológico que recupere y se nutra de los saberes ancestrales de los pueblos originarios. Distintos organismos, colectivos y granjas agroecológicas, como es el caso de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), vienen haciendo un trabajo serio para evaluar con experiencias reales, el impacto de aplicar principios agroecológicos a los cultivos extensivos, con excelentes resultados, que incluso pueden disminuir los gastos en insumos externos. Las formas sostenidamente saludables se basan en una concepción de la sociedad para la vida, reconociendo que el metabolismo de la misma va más allá de un intercambio ecológico específico, sino también del proceso social que lo regula. Esto es los correctos ritmos de cultivo y de cría, en el respeto de los ciclos de regeneración de la tierra (incluyendo mares, ríos e incluso el océano) y las especies, y el mantenimiento y protección de áreas de conservación. También implican la ampliación de otros sectores productivos, específicamente aquellos que agregan valor y esto requiere de decisiones políticas firmes. La expropiación de Vicentin hubiese significado un puntapié importante para avanzar en una planificación orientada hacia la sustentabilidad en tanto soberanía, solidaridad e integralidad. En este caso en particular, creemos que negar el salvataje para beneficio privado, pero sin garantizar la expropiación, es un riesgo innecesario de pérdida de puestos de trabajo y pymes sin poder cobrar sus deudas. Los antecedentes, las pruebas, el marco legal y la necesidad sobraban para seguir adelante con la expropiación.

La soberanía alimentaria significa entre otras cosas, considerar el alimento un bien social y no para la especulación. Esto implica no sólo tener legislación acorde, sino también garantizar tierra cultivable al servicio de dicho objetivo, para obtener alimentos de buena calidad y de acceso universal. En este sentido, generar una estrategia interdisciplinaria e intercultural para la producción de una industria de semillas propias de alta calidad biológica es un paso que debemos dar. La defensa y protección de los ecosistemas es una necesidad de largo plazo y condición sine qua non para una vida digna y el cultivo ecológico y diversificado, que esté en función de garantizar soberanía alimentaria y también fuentes de trabajo.

Sabemos que para concretar un proyecto como el que proponemos se requieren recursos. En este contexto de crisis, crecieron exponencialmente algunas fortunas, incluso aquellas relacionadas a negocios de venta online, como Mercado Libre o de servicios de entretenimiento digital, como Amazon o Netflix, que pagan prácticamente nada por el beneficio de prestar el servicio dentro de nuestro territorio. Más allá del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, sabemos que una reforma impositiva progresiva es evidentemente necesaria y justa, permitiendo garantizar recursos mínimos para las distintas iniciativas.

La correlación de fuerzas y el discurso de lo posible

Dentro del amplio marco de sectores que apoyan al gobierno, se distinguen polos progresistas y críticos del consenso extractivista, y que a priori proponen otras salidas. No obstante, eligen por lo general el alineamiento casi derrotista con un argumento falaz: “no da la correlación de fuerzas”, hay que apoyar esto, que es “lo que se puede”.

Estas formas de pragmatismo mentirosamente entendido como “realista”, niegan la fuerza real y la capacidad de los pueblos para encarar y defender medidas. “Desconocen” que la correlación de fuerzas es dinámica y requiere de la acción consciente, que se construye por lxs protagonistas de la historia. Este gobierno cuenta, aún, con importante apoyo popular, donde hay sectores del pueblo trabajador organizados, en sindicatos, fuertes organizaciones de desocupadxs, coordinadoras y organizaciones feministas y ambientalistas. Muchas de las apelaciones de derrota se construyen a partir del sondeo de medios o redes sociales. Se trata de una concepción de la política en términos delegativos, para la cual todo es lucha palaciega y, en definitiva, nuestra suerte parece depender de apoyar o no tanto, definiciones pre masticadas por figuras salvadoras.

Lo que realmente hay detrás de estas concepciones es el temor a que el pueblo se movilice, que en su andar descubra su fuerza. La historia lo enseña: ninguna administración, por bien intencionada que sea, puede acometer transformaciones importantes sin contar con la acción decida del pueblo y sus organizaciones.

Volvemos en este punto al Astillero Río Santiago y el ejemplo dado por sus trabajadores y trabajadoras durante la gestión de Cambiemos, que contra todo pronóstico lograron frenar el intento de cierre. La centralidad de la movilización y resistencia es contundente. Mucho más la movilización de los pueblos mendocino y chubutence contra la megaminería contaminante. En el primer caso se logró impedir la derogación de la ley protectora del agua que habían acordado, sin grietas, Cambiemos (oficialismo) y el FDT (oposición “responsable/realista”). Mientras que en Chubut desde el año 2003 se viene poniendo freno a los constantes intentos de avanzar en la derogación de la ley que prohíbe la megaminería e incluso, las asambleas ambientalistas por segunda vez trabajan en la presentación de un proyecto de ley de Iniciativa Popular, contando con el apoyo masivo de la población. Queda claro que para que la salida de la crisis no sea la de siempre, resulta fundamental construir una correlación de fuerzas apoyada en el protagonismo popular.

La respuesta de los pueblos, un paso adelante

Los pronósticos de todos los organismos internacionales anuncian una retracción de las economías en porcentajes alarmantes, el único país que crecería, aunque en un porcentaje menor al que venía registrando es China. Las lecturas sobre los alcances negativos en la profundización de la crisis, están en función de que se sostenga la dirección que ya tienen los modelos productivos. Sin embargo, es claro que un cambio de rumbo es la única posibilidad para la situación actual de esta crisis, y el debate está entre quienes buscan que ese cambio sea parte de un retroceso histórico en la política del Estado como arena de conflicto y quienes creemos en la respuesta contestaria de los pueblos como punto de partida hacia un proyecto de transformación.

Las luchas contra el extractivismo en todas sus formas, hoy nos marcan la pauta. El territorio tiene focos de conflicto en prácticamente todas las provincias, donde el nodo central está en los pueblos que se oponen a la sobreexplotación y destrucción ambiental. Mendoza, San Juan y Chubut enfrentan los reiterados intentos de ampliar la megaminería; Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se enfrentan a la pérdida de humedales, donde las quemas intencionales en las islas del Paraná, tienen consecuencias claras incluso en las ciudades como Rosario, donde el humo multiplica las afecciones respiratorias. La Pampa se enfrenta a la falta de agua por la apropiación del río Atuel para la ganancia de unos pocos.  En Neuquén y Mendoza el fracking, con negociados que datan del 50% nacionalizado de YPF y los convenios del Estado argentino desde entonces con Repsol y Chevron. Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco a la deforestación del bosque nativo para el monocultivo de soja, problema que se extiende a zonas de la pampa húmeda y el litoral, sumado al impacto mortal de los agrotóxicos. En la Capital y el Gran Buenos Aires, uno de los mayores problemas ambientales es la contaminación del riachuelo y los desechos industriales en general. Las disputas por la sanción o aplicación de las leyes que protejan los bienes comunes viene siendo uno de los ejes de estas luchas (Ley de Bosques Nativos, Ley de Humedales, Ley de Glaciares, ley 7722 o 5001, Ley para el Control Ambiental de las Fumigaciones).

No somos el único país frente a este panorama, este modelo se extiende por el mundo y con él la disputa, muchas veces cristalizada en guerras por bienes como el agua limpia o los combustibles fósiles. El actual modelo productor de materias primas de América Latina, sólo sirve a los intereses de potencias extranjeras y grandes conglomerados empresarios, en claro detrimento de las necesidades de los pueblos. Por eso consideramos que los tiempos actuales no son para medias tintas o posiciones que justifican el saqueo y la degradación ambiental.

Todo gobierno que se autoproclame popular, no debe desoír la voluntad de lxs de abajo y mucho menos hipotecar o rifar al mejor postor el futuro de las próximas generaciones. En Argentina hace tiempo las luchas ambientales con su consecuente movilización social, se han pronunciado firmemente en contra del extractivismo, en defensa del agua, la biodiversidad y el territorio. Son temas de carácter estratégico, donde se ponen en juego nuestro presente y futuro. La voracidad e irracionalidad del sistema capitalista está poniendo en peligro nuestra subsistencia como especie, como bien advirtió Fidel en la cumbre de Río de 1992. La lucha por la defensa de los bienes comunes va de la mano del cuestionamiento a este sistema depredador y la necesidad de levantar desde abajo la alternativa de los pueblos. Porque el mundo no es una mercancía. Porque no puede haber “progreso” y “desarrollo” en base al saqueo de los recursos vitales, a la contaminación descontrolada y la explotación.

El único proyecto realista es el que ponga fin al modo de producción capitalista. Esa es la tarea estratégica de la humanidad y en ese marco se deben inscribir nuestros movimientos tácticos, que nos permita politizar la totalidad de la vida social e ir acumulando fuerza popular para hacerle frente al saqueo y construir las bases del mundo nuevo.

sendaguevarista

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