La ganancia empresaria es la base del aumento del gas

Luis Brunetto

La matriz energética de nuestro país es enormemente dependiente del gas y el petróleo, que constituyen alrededor del 87 % del combustible consumido para producir energía. En 1970, ese porcentaje era del 89 %. En 46 años, nuestra dependencia de los hidrocarburos apenas se redujo un 2 %. Sí varió el porcentaje de consumo de gas natural, pero en detrimento del petróleo, pasando en el período del 18 al 54 %, mientras que el oro negro cayó del 71 al 33 %. La participación de las energías renovables apenas se incrementó del 11 al 13 %.

El extraordinario aumento de la participación del gas en la matriz se explica porque no sólo se consume en los hogares y comercios para calefaccionarse y cocinar, sino en las industrias y en las centrales térmicas generadoras de electricidad. El grueso de la energía eléctrica se produce en base a gas natural, en las centrales térmicas tradicionales y en las más modernas de ciclo combinado. Por eso, los costos de producción de energía eléctrica están también determinados por el valor del gas en boca de pozo.

A esto hay que agregar el doble efecto causado por la desaparición del ferrocarril y su desplazamiento por el camión y el ómnibus de larga distancia, y la introducción del GNC como combustible. El mantenimiento del ferrocarril tanto para el transporte de cargas como para el de pasajeros, hubiera implicado un menor consumo relativo de hidrocarburos en general y de gas (por el uso de GNC, que representaba en 2014 casi el 8 % de la demanda de gas) en particular. ¡¡¡El consumo de combustible de una formación ferroviaria de 10 vagones de pasajeros, equivale al de 18 micros!!!

Por eso es que la razón final del tarifazo se encuentra en el aumento del precio de gas en boca de pozo, que el estado otorgó a las empresas productoras en febrero. El país produce el 70 % del gas que consume e importa el resto. El gas importado parece tener la doble virtud de su baratura (el gas boliviano orilla 3 dólares por millón de BTU, la unidad de medida del gas natural, y el Gas Licuado de Petróleo proveniente de otras regiones del mundo como Noruega o Qatar, regasificado en las plantas de Bahía Blanca y Escobar, alcanza los 6 dólares) y de ofrecer posibilidades de buenos negocios. Tal el caso de la conocida gestión de Aranguren en favor de sus ex patrones de Shell, a la hora de importar vía Chile GLP regasificado en el país trasandino a casi 9 dólares el millón de BTU…

Ya el kirchnerismo había establecido en sucesivas actualizaciones, en 2012 y 2014, un precio a boca de pozo de 7,5 dólares por millón de BTU para el “gas nuevo” (el gas producido en pozos abierto después de 2014), mientras que el precio a boca de pozo del “gas viejo” se ubicaba en 2,3 dólares. Macri y Aranguren no tocaron el precio del gas nuevo, pero elevaron a casi 5 dólares el precio del gas viejo. Es esa duplicación del precio a boca de pozo del “gas viejo”, que constituye más de las tres cuartas partes de la producción total, la que explica el exorbitante salto tarifario, sin precedentes en la historia económica mundial.

Efectivamente, es falso que el aumento se explique como resultado de la quita de los subsidios. Los subsidios, en realidad, representaron bajo el kirchnerismo el instrumento con el que se aseguraban a la vez ganancias para las empresas privadas y tarifas baratas y congeladas para la población. Pero el mantenimiento de este excepcional “bonapartismo económico”, dependía de la persistencia del superávit del comercio exterior, que proveyera divisas para alimentar semejante monstruo. Y la crisis mundial no podía más qué liquidar ese superávit, vía caída de los precios de las materias primas.

II

¿Es posible mantener los precios de la energía al nivel previo al tarifazo y a la vez suprimir los subsidios? Los propios datos que ofrecen los defensores del tarifazo indican que sí. En un trabajo[1] de febrero de este año, la ultraconservadora FIEL calcula en USS 160 mil millones los subsidios concedidos por el estado argentino, en el período 2005-2015, para las empresas de servicios públicos. De estos, 112 mil millones corresponden al sector energético, 40 mil al transporte y apenas 8 mil a la estatizada AYSA. El efecto de esta torta de valor a nivel del desarrollo de la infraestructura es disímil: La capacidad de generación eléctrica prácticamente se duplicó en ese lapso, pero las reservas de gas y petróleo cayeron. ¿Cómo se explica semejante disparidad, cuando hemos visto que el grueso de la energía eléctrica se produce a base de gas natural?

La respuesta es sencilla, y se encuentra en el agotamiento de las reservas de gas convencional (al igual que de petróleo) en nuestro país. El grueso del gas y el petróleo “nuevos”, deben ser extraídos mediante los costosos (además de contaminantes) métodos tight y shale. La generación de energía eléctrica, en cambio, puede funcionar con gas nacional o importado. Es lógico que, sobre la base de los precios de gas a boca de pozo que rigieron hasta 2012 (cuando se estableció la diferenciación entre gas viejo y nuevo), las inversiones se dirigieran a la generación de energía eléctrica y no a la exploración gasífera. El reciente aumento a 5 dólares para el gas viejo no hace más que emparejar las ganancias en toda la estructura productiva. Se trata de ofrecer al gas precios muy por encima de los precios medios del mercado mundial, de modo de hacer rentable la explotación de los costosos yacimientos no tradicionales. El macrismo extiende de este modo al gas, lo que el kirchnerismo venía haciendo con el petróleo: se paga el barril a U$$ 65, cuando los precios se han desplomado y se ubican alrededor de los U$$ 40, para estimular la inversión en los yacimientos explotados a base de fracking cuyo punto de equilibrio se encuentra alrededor de los U$$ 70. Por supuesto, a costa del pueblo trabajador. Pero: ¿cuál es el costo de producción de gas y petróleo, a boca de pozo? Según el directivo de YPF Daniel González, el costo por “barril equivalente”[2] es de USS 20,2 (incluyendo la amortización del capital invertido, impuestos y regalías provinciales), lo que representa USS 0,13 para el litro de petróleo y USS 3,24 para el millón de BTU…

Lo cierto es que, con un pico de 76 % de demanda respecto a la capacidad instalada en 2013 y 2014, el sector eléctrico se encuentra en condiciones de abastecer el consumo en su totalidad. Por supuesto, es evidente el déficit en el terreno del transporte y la distribución, que se expresa en los frecuentes y prolongados cortes de luz que sufre la población, especialmente en Capital y Gran Buenos Aires: el negocio es producir energía eléctrica y venderla, no prestar un servicio al pueblo. Pero en modo alguno se puede sostener que los subsidios no han sido suficientes para cubrir el costo de las inversiones y garantizar las ganancias de las empresas a la vez. Tan es así que, por ejemplo, ya suprimidos los subsidios, Pampa Energía (grupo nacional Mindlin, propietario de Edenor, Transener y de varias centrales térmicas) se arriesga a comprar Petrobras Argentina por U$$ 750 millones. Es que la torta captada vía subsidios bajo el kirchnerismo ha sido compensada holgadamente por el macrismo, mediante el aumento del precio a boca de pozo para el gas viejo.

Veamos mínimamente cual es la situación económica de las empresas de servicios públicos. En 2015, Edesur (propiedad del grupo italiano ENEL, controlado a su vez por el ministerio de Economía de ese país) reportó ganancias por $ 1342 millones (cronista.com, 9-2-16). Edenor (Pampa Energía- Grupo Mindlin), por su parte, tuvo ganancias acumuladas entre 2011 y 2015 de un 766 %, y su valor de mercado creció un 400 % en los últimos tres años. Solamente en 2015, las acciones de la compañía treparon en un 107 % (cronista.com, 3-2-16). En el plano de las empresas transportadoras, la más importante de todas, Transener (también perteneciente a Pampa Energía- Grupo Mindlin, en sociedad con ENARSA y el grupo kirchnerista Electroingeniería, que ha puesto en venta su participación accionaria) reportó ganancias por ¿apenas? $ 52 millones, solamente un tercio de los 145 millones ganados en 2014. Veamos el gas, con sus precios planchados hasta 2013, en que el kirchnerismo reconoció al gas nuevo un precio de 7,5 dólares, y semiplanchados hasta el 2016, en que Macri elevó a 5 dólares el precio del gas viejo: Transportadora General del Sur (TGS, controlada por Mindlin hasta que vendió en julio su participación en U$$ 240 millones a las familias Siliecki y Werthein) sufrió pérdidas por $ 170 millones en 2015, pero luego de ganar entre 2010 y 2014 un total de $ 710 millones.

III

Es reveladora la siguiente perlita hallada en el Balance 2014 de TGS: “Es de destacar el impacto negativo que sobre la utilidad operativa han tenido los volúmenes de butano aportados al Plan Garrafa para Todos que dado que su precio de venta se encuentra subsidiado y los costos variables de producción son superiores aportaron un margen de utilidad negativo a este segmento de negocios”. Indudablemente, de este párrafo se deduce con absoluta claridad que las ganancias de $ 105 millones que reporta el ejercicio son perfectamente compatibles con los subsidios…

Es que, en realidad, la cosa debe plantearse al revés. Los servicios públicos son deficitarios en sí mismos, y su efecto económico positivo sólo se revela si se atiende al funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Se trata de inversiones infraestructurales y, por lo tanto, indispensables, que exigen volúmenes de capital que sólo el estado puede aportar. Por lo tanto, los subsidios no tienen por función abaratar las tarifas finales que paga el público usuario sino, como ya lo hemos señalado, asegurar las ganancias de los burgueses que han hecho de actividades económicas deficitarias campos de inversión capitalista. Es decir: lo que se subsidia no es la tarifa final, sino la ganancia de los empresarios.

Por eso es que la solución al problema creado por el tarifazo no pasa en modo alguno por el reciente fallo de la Corte Suprema, ni por la eliminación gradual de los subsidios, como reclama la oposición burguesa desde el Frente Renovador hasta el kirchnerismo. Es perfectamente posible eliminar los subsidios a la ganancia empresaria y a la vez mantener tarifas baratas que beneficien a la población trabajadora y hagan más productiva la economía nacional. La solución real al problema pasa por la reestatización de los servicios públicos y el desarrollo de un plan que promueva una drástica reducción de la dependencia de los hidrocarburos en nuestra matriz energética, y su reemplazo progresivo por energías limpias y renovables.

[1] [1] Urbiztondo, Santiago: La regulación de los servicios públicos en Argentina 2003-2015, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, febrero de 2016.

[2] El barril equivalente representa 159 litros de petróleo y 170 mts. cúbicos de gas, que son 6,3 millones de BTU.

sendaguevarista

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